Sánchez canibaliza el Estado: Fiscalía, Constitucional, CNI, RTVE, INE, CIS e Indra bajo su control

La voracidad con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha lanzado al control de instituciones y organismos ajenos al poder ejecutivo parece no tener límite. La última víctima de este afán por dominar las estructuras del Estado ha sido el Tribunal Constitucional: por acuerdo de PSOE y Podemos, se renovarán dos puestos para colocar a magistrados afines (entre ellos, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo) sin respetar la mayoría de los tres quintos que se exige en las votaciones del CGPJ. Pero la lista de instituciones que han caído bajo su control es larga: del CNI a RTVE pasando por el CIS o el INE. Y las que están por venir. Son más de una docena los organismos que han sido asaltados por Moncloa en busca de un mayor -o total- control:

Constitucional

El del Tribunal Constitucional es el último de los casos. El gran golpe del sanchismo al poder judicial. Los dos socios de coalición han acordado modificar la mayoría de tres quintos necesaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a sus candidatos al Constitucional, el mismo que tumbó, entre otros asuntos, sus decretos del estado de alarma.

Así, Sánchez sentará en el Constitucional a dos afines. Un ex ministro de Justicia, Campo, que defenderá desde la Corte de Garantías algunas de las polémicas leyes del sanchismo que llevan su misma firma. Y también Laura Díez, una ex alto cargo de Moncloa próxima a los postulados independentistas.

Fiscalía

«¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso». Con esa pregunta-respuesta retórica, el presidente del Gobierno presumía abiertamente en una entrevista en la radio pública de su control directo sobre la Fiscalía General del Estado. Un organismo en el que en 2020 sentó al frente a su ex ministra de Justicia, Dolores Delgado.

La figura de Delgado ya no sólo levantó suspicacias por el hecho de representar una puerta giratoria entre los poderes ejecutivo y judicial. La ex ministra fue, además, candidata del PSOE en la misma lista que encabezaba Sánchez -fue su número 5-. Hizo campaña, participó en mítines… y unas semanas más tarde se puso al frente de una Fiscalía que, entre muchas otras decisiones beneficiosas para Sánchez, se opuso a que se investigaran los contratos de material firmados por el Gobierno durante la pandemia de coronavirus.

En la Fiscalía, además se impuso a partir de entonces una política de castigo hacia aquellos fiscales incómodos para el Gobierno. Los cuatro fiscales de Sala del Supremo que vieron rebelión en los delitos de los golpistas del 1-O han quedado apartados. No se les asignan casos de relevancia y su carrera se ha estancado: no les han designado, pese a su experiencia y currículum, para ninguno de los ascensos y promociones a los que han aplicado.

RTVE

Una de las prioridades confesas del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, era la de hacerse con el control de RTVE. Con el relato informativo de los telediarios. Pero Pedro Sánchez tenía otros planes. Nada más llegar al Gobierno, Sánchez nombró a la afín Rosa María Mateo al frente del consejo de administración de RTVE. A su salida, en marzo de 2021 tomó el control José Manuel Pérez Tornero. Un supuesto afín que no se plegó a los dictados de Moncloa tal y como esperaba Sánchez. Su dimisión forzada, el pasado mes de septiembre, dio paso a Elena Sánchez. Una presidenta interina en plena sintonía con el PSOE, a la que se le aumentaron los poderes tras un cambio inesperado en los estatutos de la corporación. Todo de cara a un 2023 clave en términos electorales, con unas elecciones municipales, autonómicas y generales en las que los socialistas se lo juegan todo. Paralelamente, el Gobierno ha colocado en la agencia Efe a una periodista de izquierdas, afín al sanchismo, como Gabriela Cañas.

CNI

Otra de las piezas codiciadas por Iglesias y no cobradas ha sido el Centro Nacional de Inteligencia. Pero Sánchez sí ha podido modificarla estructura de los servicios secretos tras purgar a su anterior directora, Paz Esteban, a la que finiquitó a petición de sus socios independentistas. El escándalo Pegasus, por el que se espiaron los teléfonos móviles de Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, se cobró el puesto de Esteban pese a que la vigilancia de esos dispositivos dependía de Felix Bolaños.

Por ello, muchos vieron en la decisión la huella de sus socios separatistas, que denunciaban haber sido espiados con este software. Hecho que no negó Esteban en el Congreso de los Diputados, a puerta cerrada, cuando enseñó las órdenes judiciales con las que se había producido los pinchazos a una serie de cargos catalanes que estaban detrás del Tsunami Democrátic, plataforma articulada para sembrar el caos en Cataluña tras la publicación de la sentencia del 1-O. Esteban fue cesada y sustiuida por una de las manos derechas de Margarita Robles, Esperanza Casteleiro. Sin embargo, el verdadero golpe llegaría unos días después de aquella purga disfrazada de cese: Sánchez anunciaba que, a partir de ahora, el CNI estaría bajo un estricto control político. El anuncio recibió el aplauso unánime del independentismo.

CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas de José Felix Tezanos es uno de los ejemplos más incontestables del control de Sánchez sobre organismos del Estado. Militante del PSOE desde 1973, Tezanos abandonó la Ejecutiva Federal socialista para hacerse cargo del instituto público en 2018 por encargo expreso del presidente del Gobierno, convirtiéndose así en el primer militante de un partido que se colocaba al frente del CIS en cuarenta años de democracia. Desde entonces, el ex secretario de Estudios y Programas del PSOE exhibe una acreditada habilidad: todos los sondeos del CIS otorgan a su partido un mejor resultado del que días después conquista en las urnas. Y, viceversa, sus encuestas castigan al PP con porcentajes que son superiores cuando los ciudadanos acuden a votar.

INE

El Instituto Nacional de Estadística es otro de los frentes del sanchismo. Máxime desde que el organismo elabora las previsiones económicas que muestran la mala marcha de la economía española, la caída del PIB y el aumento de la inflación. Datos que desde Moncloa se han desautorizado en varias ocasiones hasta forzar a su ex director, Juan Rodríguez Poo, a dimitir el pasado mes de junio. Sus cálculos no encajaban con los deseos del Gobierno, y Moncloa decidió colocar a Israel Arroyo, hasta entonces secretario de Estado de Seguridad Social, al frente.

Consejo de Estado

El Consejo de Estado, organismo encargado de emitir informes sobre asuntos de primer orden y reforzar legislativas emprendidas por el Gobierno, también ha visto como llegaba a su presidencia una afín a Moncloa: Magdalena Valerio, ex ministra de Trabajo del primer Gobierno de Pedro Sánchez. Sustituía así a la ex vicepresidenta con José Luis Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega. El relevo le ha permitido acceder al puesto de consejera vitalicia del organismo.

Tribunal de Cuentas

En el Tribunal de Cuentas se produjo una renovación que, de nuevo, escondía la purga de una institución incómoda para Moncloa. En octubre de 2021, el Gobierno forzaba la salida -con apoyo del PP- de Margarita Mariscal de Gante. La que el separatismo catalán consideraba una bestia negra para sus intereses: lideraba el proceso contable contra 34 ex cargos del Gobierno catalán por el 1-O, a quienes reclamaba la devolución -a cargo de su patrimonio personal- del dinero malversado en la organización del referéndum catalán y de todas las leyes de desconexión. Otra decisión aplaudida por los socios separatistas de Sánchez.

Indra

La empresa participada por la SEPI, que cuenta con mayoría accionarial, fue descabezada por decisión del Gobierno para colocar a una dirección más afín al actual Ejecutivo. En apenas tres años de cambios y ceses, la empresa estrategica para el Gobierno, que entre otras cosas controla la asignación de escaños en unas elecciones, ha cambiado radicalmente su consejo de administración. Ahora sienta a consejeros como el ex ministro Miguel Sebastián o los ex diputados socialistas Juan Moscoso y Antonio Cuevas.

Larga lista

La lista de organismos asaltados por Moncloa, en su afán por hacer al Estado permeable al poder sanchista, es más extensa si se baja un peldaño. Así, Correos está en manos de Juan Manuel Serrano -ex jefe de Gabinete de Sánchez-. La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, cargo de nueva creación, fue para el arquitecto José Ignacio Carnicero, el mejor amigo de Sánchez.

La SEPI también ha colocado al frente del Hipódromo de la Zarzuela a la ex jefa de prensa de Sánchez -y amiga- Maritcha Ruiz Mateos. El ex ministro socialista Jordi Sevilla dirige Red Eléctrica.

Resiste el Banco de España. De momento, ya que Pablo Hernández de Cos, su actual presidente, deberá ser renovado en 2024, cuando expira su mandato. El asalto también ha centrado su tiro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene un presidente no afín al Gobierno pero cuyo mandato termina en 2024. Hasta este verano, podía presentarse a la reelección. Pero Moncloa tiene otros planes: la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, que entró en vigor este verano, le impide presentarse de nuevo. Toca intentar el asalto en 2024.

Purgas

Pero aparte del manoseo directo de presidencias, consejos de administración y direcciones de entes públicos ajenos -en principio- al control del Ejecutivo, Moncloa también ha desplegado sus redes para purgar a altos funcionarios que suponían un obstáculo para el Gobierno.

Es el caso, por ejemplo, del actual diputado de Ciudadanos Edmundo Bal. El abogado del Estado que vio rebelión en el 1-O. Tras ser purgado por Sánchez dio el salto a la política. En el Congreso de los Diputados ha tenido que escuchar al presidente que le cesó decirle cosas como «debe ser frustrante sentirse tan bueno y tan poco reconocido cuando se presenta a las elecciones».

También en los cuerpos policiales saben bien lo que puede ocurrir con una carrera si se presenta en el camino un asunto peliagudo para el Gobierno. El coronel Diego Pérez de los Cobos, que dirigía la investigación sobre la presunta negligencia de Gobierno al permitir las marchas del 8M cuando el coronavirus ya era una amenaza para la seguridad pública, fue purgado por Interior y apartado de su ascenso al generalato, para el que ocupaba el número 1 de la lista de méritos. Terminó dejando el cuerpo.

Por la pandemia, y por avisar anticipadamente de los riesgos que suponía, también vio truncada su carrera José Antonio Nieto, ex jefe de Riesgos Laborales de la Policía. «Si hubieran seguido mi criterio las cifras habrían variado mucho», sentenció tiempo después. Era otro eslabón incómodo de un organismo sobre el que Moncloa tiene y ejerce su poder.